La injusticia social

Los políticos de izquierda, y algunos de derecha, defienden la justicia social con un argumento aparentemente irrefutable: quienes más tienen deben ayudar a quienes menos tienen. De entrada, suena como una posición moralmente superior, porque equivale a estar a favor de los desfavorecidos y en contra de la desigualdad. Sin embargo, cuando uno escarba un poco y revisa cómo funciona realmente esa justicia social, descubre que puede terminar siendo todo menos justa. En muchos casos, es simplemente injusticia social.

Para entenderlo, es necesario quitarle capas al concepto y llegar hasta su fundamento. La justicia social utiliza como principal herramienta los impuestos, pues es mediante ellos que los políticos obtienen los recursos necesarios para redistribuir la riqueza. Este proceso tiene dos etapas: primero, el Estado recauda el dinero; después, decide cómo gastarlo y a quién entregárselo.

Comencemos por los impuestos. Como su propio nombre lo indica, son obligatorios. No dependen de la voluntad de quien los paga, sino de la capacidad del Estado para exigirlos y sancionar a quien se niegue a hacerlo. En última instancia, su cumplimiento está respaldado por el uso legítimo de la fuerza. En países como Colombia también conocemos una versión ilegítima de este mecanismo: las vacunas y la extorsión.

La diferencia jurídica entre ambos casos es evidente, pero el principio coercitivo es similar: una persona entrega parte de sus ingresos porque existe una amenaza detrás de la exigencia.

Esto debe quedar claro porque permite entender la naturaleza de los impuestos: nadie los paga de manera completamente voluntaria. Algunas personas pueden considerar que son necesarios o estar de acuerdo con determinados niveles de tributación, pero eso no cambia el hecho de que su pago es obligatorio.

Llevemos esta idea al extremo para comprenderla mejor. Supongamos que el Estado decide cobrarte como impuesto el 100 % de tus ingresos. Todo lo que produzcas con tu trabajo pasaría a manos del gobierno, que después decidiría cuánto devolverte, qué bienes entregarte y cuáles de tus necesidades considera legítimas.

En ese escenario, dejarías de ser dueño del fruto de tu trabajo. Dependerías por completo de lo que el Estado decidiera darte para sobrevivir. La diferencia entre esa situación y la esclavitud es nula. El esclavo trabajaba, su amo se apropiaba del producto de su esfuerzo y le entregaba apenas lo necesario para que pudiera seguir viviendo y trabajando.

Los políticos de izquierda le lavaron la cara a este modelo y lo llamaron comunismo o socialismo, pero su esencia sigue siendo la misma que la esclavitud: separar al individuo del fruto de su trabajo y entregarle a otra persona el poder de decidir sobre su vida material.

La segunda etapa de la justicia social es la ejecución del gasto público. Allí el problema deja de ser únicamente cuánto dinero se recauda y pasa a ser quién lo administra, con qué criterios lo distribuye y qué intereses representa.

En teoría, el gasto público responde al contrato social: un acuerdo no escrito mediante el cual una sociedad define sus prioridades, establece cuáles bienes considera comunes y decide hacia dónde quiere dirigirse. El gobierno de turno, elegido por voto popular, debería interpretar ese mandato y utilizar los recursos públicos para ejecutarlo.

El problema es que las elecciones no seleccionan necesariamente a las personas más preparadas para administrar. El sistema suele premiar a quienes son buenos para hacer política, no a quienes poseen la capacidad técnica, la integridad o la eficiencia necesarias para manejar cantidades enormes de dinero.

La sociedad termina entregándole recursos a personas cuya idoneidad no siempre está demostrada y cuyos verdaderos intereses rara vez conoce por completo. El dinero que te quitaron de manera obligatoria pasa entonces a alimentar una maquinaria estatal conducida por políticos, funcionarios, contratistas y grupos de interés.

Algunas veces sus decisiones coinciden con tus intereses. En otras ocasiones, benefician realmente a las personas más necesitadas. Pero también existen muchos casos en los que el gasto público termina respondiendo a cálculos electorales, intereses burocráticos, contratos innecesarios, corrupción o enriquecimiento personal.

La injusticia aparece, entonces, en los dos extremos del proceso. Primero, se obliga a una persona a entregar parte del fruto de su trabajo. Después, se le concede a otra persona el poder de decidir qué hacer con ese dinero, sin que exista garantía de que lo utilizará mejor, de manera más eficiente o con mayor sentido moral que quien lo produjo.

Ese es el problema central de la llamada justicia social: parte de la idea de que quitarle dinero a una persona para entregárselo a otra se convierte automáticamente en un acto de justicia. Sin embargo, para llegar a esa conclusión es necesario asumir que quien recauda y distribuye tiene mejores criterios, mejores intenciones y mayor legitimidad moral que quien generó los recursos.

La historia demuestra que esa suposición es, como mínimo, ingenua.

Por eso, el debate serio no consiste en preguntar si deben existir impuestos, sino cuánto debe recaudar el Estado, para qué debe hacerlo y hasta dónde puede intervenir en la vida económica de las personas.

Aunque no sea posible eliminar por completo la coerción asociada a los impuestos, sí es posible reducirla a su mínima expresión. Un Estado debe ser muy limitado y enfocado en funciones concretas, los políticos deben ser una especie vía de extinción.

La mejor herramienta conocida para reducir la pobreza no ha sido la redistribución política, sino el capitalismo. Durante los últimos tres siglos, la libre empresa, la competencia, la innovación, la acumulación de capital y el intercambio voluntario han permitido que millones de personas abandonen condiciones de miseria que durante casi toda la historia de la humanidad fueron consideradas normales.

El mercado premia a quien ofrece algo que los demás valoran. No lo hace de manera perfecta, uniforme ni necesariamente inmediata, pero obliga a empresarios, trabajadores e inversionistas a competir, innovar y satisfacer necesidades.

Por eso, la mejor forma de alcanzar una sociedad más justa no es darle cada vez más dinero y poder a los políticos, sino acelerar el capitalismo, ampliar la libertad económica y permitir que un número cada vez mayor de personas participe en la creación de riqueza.

Es necesario sacarnos de la cabeza el cuentico de que toda política presentada bajo la etiqueta de justicia social es automáticamente justa. Esa expresión se ha convertido en una herramienta retórica mediante la cual los políticos presentan sus ambiciones personales, electorales y económicas como si fueran actos de generosidad.

Si realmente queremos una sociedad más justa, debemos reducir el Estado a sus funciones esenciales, limitar el poder de quienes administran los recursos públicos y llevar la libertad económica a su máxima expresión.

Una sociedad rica y próspera tiene una capacidad mucho mayor para integrar a sus ciudadanos, generar oportunidades y ayudar a quienes se quedan atrás. Y aquellas personas que no logren beneficiarse del crecimiento pueden ser apoyadas mediante redes familiares, organizaciones privadas, fundaciones y comunidades.

La solidaridad es una virtud cuando nace de la libertad. La caridad tiene valor moral cuando se realiza con recursos propios. Obligar a una persona a entregar su dinero y permitir que un político se atribuya el mérito de repartirlo no es generosidad.

La generosidad con dinero ajeno, es robo, la generosidad es una virtud, que nace desde la voluntad del individuo con sus propios recursos, eso si es justicia social, lo otro es una injusticia, un robo.